La crueldad como forma de gobierno
Por Micaela López, Licenciada en Trabajo Social /// Fotos de Antonio Becerra para Tiempo Argentino
En todo el país han sido impulsadas protestas para la defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Córdoba Capital, Cosquín, Deán Funes, Río Cuarto entre otras ciudades, se manifestaron para decir NO AL VETO de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta Ley pretendía declarar la emergencia con el fin de priorizar recursos y políticas públicas en esta temática que sean acordes con los Derechos de esta población.
El veto presidencial, oficializado el lunes junto a otras leyes de impacto social, como el aumento a jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional, fue justificado por el Gobierno bajo el argumento de que las iniciativas implican un gasto para el Estado. Es importante recalcar que el equilibrio fiscal no se vería comprometido con la aprobación y financiamiento de esta ley, por lo tanto, el fundamento del Presidente y su equipo económico es claramente un discurso vacío que carece de datos reales y que sirve solo de relato para justificar la crueldad con sectores que generalmente tienen una doble vulnerabilidad: la discapacidad en contextos de pobreza.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría y buscaba mejorar el presupuesto destinado a Pensiones no Contributivas por Invalidez proponiendo la compatibilidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar y seguir percibiendo el beneficio, siempre que el sueldo sea menor a dos salarios mínimos. También se propugnaba incremento en el monto que cobran los pensionados.
Además, la iniciativa pretendía garantizar las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral en un sector “totalmente golpeado por la crisis y el recorte de fondos”. El Foro prestadores de Discapacidad advirtió que, ante el veto, “hoy, esas personas, están en riesgo, porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre”.
En el Noroeste Cordobés desde la última semana de julio comenzaron a llegar notificaciones para presentarse nuevamente a Auditorias de Pensiones y otras notificaciones que directamente expresaban la SUSPENSIÓN del beneficio, lo cual causa gran impacto en las familias cruzdelejeñas, considerando además que las suspensiones no son por no corresponder el Beneficio, sino por trabas en los trámites pertinentes, como por ejemplo gente que no había sido notificada para la primera Auditoria y por tanto no se presentó, otros a los que se les solicitó estudios de alta complejidad imposibles de conseguir en corto tiempo, entre otros obstáculos observados en todo el proceso de Auditoria.
Estas noticias preanuncian unos meses de angustia, incertidumbre y mayor pobreza en nuestra zona, lo que reagrava problemas sociales estructurales preexistentes.
Con respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la decisión final recae en ambas Cámaras del Congreso, que tienen la potestad de rechazar o sostener el veto presidencial. Para desestimar el veto, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en Senadores.
Hoy más que nunca la sociedad cruzdelejeña debe unirse a la consigna NO AL VETO DE LA LEY DE EMERGENCIA EN Discapacidad. Entre todos debemos exigir al Estado que cumpla con su rol de garante de los derechos de las Personas con Discapacidad y que genere políticas públicas que dignifiquen y brinden calidad de vida a este sector de nuestra población.
