Aportes para comprender críticamente la nueva reforma previsional en Córdoba.
Agradecemos la colaboración de los abogados Diego Zárate y Macarena Manzano
Con una nueva reforma previsional, a través de la ley nro. 11.087, el Gobierno dispuso una nueva afrenta a los jubilados y pensionados de la provincia; pero, esta vez, también arrastró al personal en actividad en la redada normativa. Cabe rememorar que aquellos que están “gozando” del beneficio previsional, vienen del escarnio legislativo de tres leyes anteriores que horadaron los haberes de los más diversos modos. La ley nro. 10.078, en el año 2012, que dispuso el pago de los aumentos otorgados a los activos a los seis meses de dicha variación; a lo que se agrega que los seis meses de demora nunca se recuperaban, dado que se abonaban hacia adelante. Es decir, se les hacía tributar a los jubilados seis “mensualidades” –vía reajuste- al quedarse el ente previsional con dicho dinero. Luego vino la ley nro. 10.333 –año 2015-, con la que hizo campaña el ex gobernador Juan Schiaretti. En ésta, prometía pagar los reajustes de modo inmediato eliminando el “delay” de seis meses, modificando la ley nro. 10.078; obviamente, no aclaró de qué modo los iba a financiar y, no es sorprendente la respuesta, dado que echó mano de los mismos haberes jubilatorios. ¿De qué modo? Dispuso que el cálculo de la jubilación debía realizarse sobre el haber neto del activo; en criollo, debía debitarse el “aporte personal”, esto es el 11% en ese momento, y sobre el saldo calcular el 82%. De esta manera los jubilados pasaron a percibir los “aumentos” con más celeridad y no luego de seis meses, pero cobrando porcentualmente menos; pasaron del 82% móvil al 73% móvil, sacrificaron 9 puntos porcentuales para que les trasladen más rápido los aumentos. Una trampa electoral irritante y densamente maquiavélica. Una victoria Pírrica para quienes confiaron en las promesas de campaña. En el medio de la Pandemia del Covid, entre gallos y medianoche, el 20 de mayo de 2020, vino la ley nro. 10.694 que asestó un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados, con una batería de medidas que llevaron los haberes jubilatorios y de pensión a un nuevo “piso”, horadando más las mismas en tanto pasaron del 73% al 67% de lo que percibe un activo, dado que aumentaron el porcentaje del “aporte personal” (paso del 11% al 18%). Perdiendo un 6% más, sin que éste sea el verdadero “piso” en tanto dicha norma también habilitó pagar a los 60 días los aumentos, con la misma dinámica de la norma anterior; esto es, la Caja se queda con 2 meses de aumentos en tanto no los abona de modo retroactivo.
El golpe final, al menos este año, vino de la mano de la Ley nro. 11.087. Dicha norma impone a los activos, según la escala normativa, aportar entre un 4% y un 8% más al sistema previsional, en concepto de “aporte personal”. Esto implicó una merma directa en el personal en actividad y, vía cálculo del haber previsional, también implicó una merma –en igual porcentaje- en el haber jubilatorio o de pensión. Al calcularse éstos en base a lo que percibe como neto el activo, jubilados y pensionados en espejo verán socavados sus haberes en igual porcentaje; esto es, perderán entre 4 y 8 puntos porcentuales más, pasando del 67% actual a un 63% y hasta un 59%. Son varias las acciones judiciales iniciadas por esta afrenta inconstitucional, iniciada por distintos actores –activos y pasivos- contra la Provincia o el ente previsional. El repaso de las normas que vienen castigando a jubilados y pensionados dan cuenta del desmanejo en materia de administración de recursos por parte del Gobierno provincial; no es una norma sino cinco las que han afectado de este modo los haberes previsionales (si sumamos la ley 9075 de armonización previsional). Por ello, la declaración de “emergencia” no puede justificar ni proteger lo que es consecuencia de una mala administración; no todo se puede justificar mediante una mera declaración de emergencia, y en el caso resulta claro dado el volumen de las leyes dictadas que dejan al desnudo lo que, a todas luces, son consecuencia de una gestión de recursos escandalosamente deficiente. Y en esto, es la justicia la que tiene que volver a su justo medio el fiel de la balanza. Esperemos que la misma este a la altura de lo que exige esta realidad.
