Nota de Adrián Camerano para La Tinta, publicada el 3 de julio de 2025
El Gobernador anunció la pavimentación del camino E64 que atraviesa la Reserva Natural de la Defensa. Una obra que implicaría alterar sitios sospechados de contener o haber contenido tumbas masivas con restos de desaparecidos, así como la afectación de la Reserva Natural de la Defensa La Calera. Este sábado 5 de julio habrá una caminata de reconocimiento en un sector del campo estatal, convocada por sectores ambientalistas.
El 7 de diciembre, el ex centro clandestino y actual sitio de memoria La Perla fue sede de un taller participativo de ordenamiento territorial, convocado por el Ministerio de Ambiente provincial y con la presencia de funcionarios de Derechos Humanos. En comisiones, trabajadores del sitio, militantes, vecinas y vecinos, y representantes de organizaciones intermedias analizaron mapas del campo, trazaron ejes para el posible ordenamiento y escribieron que uno de los riesgos ambientales era “el trazado del 2° anillo de circunvalación ―planificado por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana― que supone la pavimentación del camino E64, cruzando la Reserva Natural de la Defensa (RND) conectando Malagueño y La Calera”.
La afectación de este territorio estaba candente por los recurrentes y devastadores incendios, y porque, un mes antes, el Gobierno nacional había publicado a la venta el contiguo ex centro clandestino La Perla Chica, del que solo lo separa la autopista a Carlos Paz. Aunque luego hubo una medida de no innovar, ese inmueble sigue a la venta en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Pero lo que nadie imaginaba en aquel encuentro de diciembre era que, apenas seis meses después, la máxima autoridad del mismo gobierno que convocó al ordenamiento territorial anunciaría la tan temida obra. En un acto importante, rodeado de sus funcionarios, el gobernador Martín Llaryora calificó a ese asfaltado como “central”, en tanto “va a multiplicar las potencialidades de toda una gran región de Córdoba”. Y hasta anunció cómodas banquinas, “para que los ciclistas puedan disfrutar y transitar de una manera segura”.
De lo que no se habló en la ceremonia fue de la afectación ambiental ni de los barrios cerrados que amenazan con florecer de la mano del flamante asfalto. Mucho menos, de qué implicaría echar cemento en sitios sospechados de contener o haber contenido tumbas masivas con restos de desaparecidos.
“Desde el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Perla, vemos el anuncio con mucha preocupación, ya que este camino interno que atraviesa los campos del Ejército, actualmente, Reserva Natural de la Defensa, fue justamente el que usaban los camiones que llevaban personas cautivas en el centro clandestino para ser asesinadas y sus cuerpos ocultados”. Quien habla es Guadalupe Samoluk, integrante del Área de Investigación del Espacio, para quien “la búsqueda no está agotada y hay múltiples instancias en la causa ‘Enterramientos’ que deben ser agotadas como para pensar en cualquier proyecto que intervenga sobre el territorio”.
Se refiere al expediente que tramita en el Juzgado Federal 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, y que investiga dónde están los cuerpos de los desaparecidos, un tema que será la consigna principal en Córdoba a 50 años del Golpe de Estado de 1976. Aunque La Perla es el campo de concentración más extenso y por el que pasaron centenas de secuestrados, el expediente incluye otros sitios y, a pesar de su importancia, ha tenido un andar irregular, con altos y bajos, pero no solo por cuestiones presupuestarias. En los últimos años, dos novedades impactaron de lleno en la causa alojada en la torre de tribunales federales: por un lado, el escaneo aéreo con tecnología Lidar, que marcó puntos de interés en La Perla y el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana; y este mayo, la aceptación de un grupo de familiares como querellantes, bajo la representación del abogado Ramiro Fresneda.
La obra anunciada por el Gobierno es bastante más que la pavimentación del camino rural que enlaza Malagueño y La Calera en sus 9,25 kilómetros de largo. De fondo, marca la tensión entre “el progreso” y el “dar vuelta la página” de la memoria sobre el terrorismo estatal, y el profundizar la búsqueda para poder dar respuesta a la histórica pregunta de las familias y la sociedad toda: ¿dónde están los desaparecidos?
“Es fundamental subrayar que, recientemente, a solicitud de la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó un plan de búsqueda de entre cinco o seis meses en lugares no explorados aún y cercanos al lugar donde funcionaba el centro de exterminio. Por informaciones que surgen del expediente, consideramos que es altamente probable que los cuerpos estén en el lugar indicado en ese plan de búsqueda. Su implementación tiene un costo de aproximadamente 150.000 dólares y el EAAF tiene la voluntad de comenzar la búsqueda desde que se asignen fondos”, señaló Graciela Geuna, una de las 26 personas admitidas como querellantes en la causa.
“Antes de cualquier obra en esas tierras, tenemos que haber buscado y encontrado los cuerpos”, completó la abogada, jubilada de la Organización Internacional del Trabajo y residente en Suiza, donde viajó en 1980 para denunciar ante la ONU. Ella no ceja en hallar los restos de su cónyuge, Jorge Omar Cazorla ―22 años, estudiante de cuarto año de Derecho en la UNC, oriundo de Villa Mercedes―. “Su cuerpo está allí, en algún lugar de la Reserva, desde el 10 de junio de 1976”, señala y subraya que los desaparecidos de Córdoba “son ‘encontrables’, porque existen muchos indicios del lugar en que se encontrarían sus cuerpos. No se han esfumado, todavía están allí esperando que los encontremos; buscando a uno, buscamos a todos”.
Sobre los recientes anuncios, señaló: “He leído sobre el camino y especulaciones sobre eventuales proyectos desarrollistas”, y consideró que “sería inaceptable que se construyera sobre nuestros muertos”. Esos terrenos son sagrados para los familiares de los desaparecidos; sagrados de manera vital, en el más profundo sentido de respeto por sus vidas y sus cuerpos”.
“Le pido al Gobierno de Córdoba que nos apoye en esta búsqueda y que respete lo sagrado de esos terrenos, en tanto no los encontremos; es nuestro cementerio. El principal apoyo que espero de la Provincia es que proporcione los medios para que se realice el plan de búsqueda y, si no se los encuentra en el lugar designado, que apoye la formación de un equipo estable en Córdoba hasta que los encontremos. También sería útil que la Provincia conformara una unidad de búsqueda provincial, como existen en muchos países; hay mucho, mucho por hacer y hemos tenido una larga paciencia. Ya no podemos ni estamos dispuestos a esperar más porque los familiares van muriendo”, expresó.
Graciela Geuna recordó que “la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos es una obligación internacional que no acaba hasta que se encuentra el cuerpo y se hace entrega digna a la familia. Buscarlos es una obligación del Estado y un derecho de las familias, y el objetivo es proporcionar reparación moral a los familiares: ¿qué reparación puede haber si los familiares se están muriendo? Por eso, es urgente buscarlos”, consideró e insistió en que aún están allí. “Hay que pensar en las generaciones futuras también, porque este tema no es un tema del pasado, es un tema del presente y del futuro. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes de hoy y para las generaciones futuras si no los buscamos? ¿Qu no importan las vidas ni los cuerpos ni la dignidad del ser humano?”.
Finalmente, fue enfática al señalar que “a 50 años del Golpe, ya no podemos esperar más”, en tanto “una de las querellantes tiene 99 años, otra 94 y los familiares se van muriendo con el dolor de no haberlos podido enterrar dignamente”.
Desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el co-coordinador, Emiliano Salguero, coincide al señalar que “lo más importante de entender es que la preservación de este campo no solo tiene que ver con la búsqueda de la verdad en el pasado, sino con el futuro. Si naturalizamos la figura del desaparecido en Córdoba, donde sabemos que más de 2000 personas pasaron por La Perla y hoy están desaparecidas, y tenemos la suposición de que fueron enterrados en un lugar cercano, estamos hablando de naturalizar la perversidad y la crueldad. Y esto es una forma de ocultar lo que es capaz de hacer el Estado contra el que piensa diferente”, explicó.
Para el dirigente, “naturalizar la crueldad y la perversidad es facilitar la posibilidad de que el genocidio se pueda repetir en el futuro”. Y tras señalar que represores como Héctor Vergez “mueren sin contar dónde están los cuerpos”, al tiempo que otros torturadores de La Perla como Ernesto Barreiro siguen afrontando cuentas pendientes en los estrados judiciales, advierte que es importante “conservar un sitio para la búsqueda de ahora, con la información y los recursos que tenemos, o la búsqueda a futuro, como está ocurriendo en España, después de muchísimos años”.
“Queremos que nos digan dónde están, queremos encontrarlos y queremos que toda la sociedad los busque, porque es una deuda de toda la sociedad. Hay que ir a buscarlos y esto puede tardar un año, dos años o muchos. Por eso, preservar el campo va más allá de la búsqueda concreta jurídica: es un sitio de memoria, un lugar sagrado para la búsqueda de la verdad de nuestro país, para garantizar la no repetición, junto a todos los otros sitios vinculados al terrorismo de Estado”, finalizó.
Aunque por ahora no se informaron cuáles, en la Mesa, se evalúan acciones y gestiones políticas e institucionales ante lo que se considera un atropello a los Derechos Humanos.
Caminata por la defensa de la Reserva Natural de La Calera
Este sábado 5 de julio, habrá una caminata de reconocimiento en un sector del campo estatal. Convocada por sectores ambientalistas, el recorrido se hace bajo el lema “La Reserva Natural de la Defensa La Calera está en riesgo”, y la convocatoria puntualiza que “obras viales y posibles negociaciones por tierras fiscales amenazan su integridad”.
“Invitamos a un recorrido comunitario para celebrar los 15 años de su reconocimiento oficial y reflexionar colectivamente para cuidar y preservar lo que aún está en juego”, señala la invitación de una caminata que comenzará a las 10 en el Parque Icardi de La Calera y tendrá 2,7 kilómetros de extensión.
La Reserva Natural de la Defensa La Calera es un territorio de vasto valor ambiental, en tanto reserva de monte nativo y de recursos hídricos, además de asentamiento de vestigios originarios y jesuíticos. Fue declarada como tal en 2009, a partir del trabajo de grupos ambientalistas, y, poco después, hubo un intento de convertir esas 11.000 hectáreas en un Parque Nacional de la Memoria. No prosperó, como tampoco el anunciado traspaso de esas tierras nacionales al patrimonio provincial, bajo el vidrioso argumento de que esa situación legal impedía a la provincia encarar la obra de una cisterna para combatir los cada vez más recurrentes y explosivos incendios.
Juan Orco es referente de Jardineros sin Fronteras y, antiguamente, integró el grupo Es Calera que junto al Aula Abierta de Montaña (AAdeM) de la Universidad Nacional de Córdoba y organizaciones de Derechos Humanos impulsaron la creación de la Reserva. Ante el reciente anuncio gubernamental, señala que “un tema muy interesante y relegado es pensar estos espacios de acceso territorial: por un lado, la construcción de la memoria, la recreación en la espacialidad y la recuperación de la fauna que, al no tener urbanidad, la poca luz permite a la fauna recuperar”.
Orco recuerda que, en aquel intento de Parque Nacional, “todavía no se habían dado los hallazgos que se dieron luego en los hornos”; y considera que el asfaltado, en tanto “modificación de esta espacialidad”, simplemente, “atentaría contra las investigaciones”.
La Reserva Natural de la Defensa tiene un comité de gestión que integran autoridades del Ejército y de Parques Nacionales (APN). Consultados para esta nota, no hubo forma de obtener respuestas por parte del jefe de la Segunda División del Ejército Argentino, Javier Palazón, ni del funcionario que el cordobesismo aportó a Parques Nacionales, Fernán Gonzalo Justo. El director de la Regional Centro de la APN es “el único autorizado para hablar”, desliza una fuente cercana y su silencio permite inferir si no un apoyo, al menos, la no oposición a la obra. El Ejército, a su vez, por ahora, no saca los pies del plato, pero, en su seno, existe inquietud por la posible pérdida de terrenos. Es que todo el campo fue repetidamente nombrado en el primer semestre como prenda de cambio, en el marco de las negociaciones Provincia-Nación por la deuda de fondos previsionales que esta mantiene con Córdoba. Quizás a sabiendas de ello, desde marzo, el comité de la Reserva inició una campaña de visibilización en redes y, aunque no lo hacen muy público, hay actores allí que apoyan la caminata de este sábado.
Otros silencios sugerentes han sido los de los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Humano, que, al parecer, se enteraron del asfaltado por los medios, con el caso cerrado. Y se espera aún una expresión pública de la Comisión Provincial de la Memoria, que está al tanto del caso. Con el «desarrollismo» frotándose las manos, no está muy claro qué porción del territorio abarca la medida de no innovar dictada en su momento, ni los detalles del proyecto de una obra en la que la Provincia pondrá 18 mil millones de pesos en tierras que no le pertenecen, sino que son propiedad del Estado Nacional.
